Venezuela no ha recuperado todavía la democracia, pero ha empezado a discutir quién tendrá derecho a certificarla. El Gobierno interino de Delcy Rodríguez y un sector de la oposición acordaron esta semana renovar por completo el Tribunal Supremo de Justicia y sumar esfuerzos para recuperar las reservas de oro venezolanas retenidas en el Banco de Inglaterra. El entendimiento, alcanzado tras el inicio de las conversaciones impulsadas por Washington, es el avance institucional más concreto de la transición abierta después de la captura de Nicolás Maduro en enero.
El acuerdo no equivale a una elección libre, ni demuestra que el chavismo haya aceptado abandonar el poder. Tampoco incorpora a todas las fuerzas opositoras. María Corina Machado, la dirigente más visible del antichavismo, se ha mantenido al margen del proceso y ha cuestionado la legitimidad de una negociación dirigida por un Gobierno que conserva buena parte de la estructura oficialista. Pero sería igualmente ingenuo descartar el pacto como una simple maniobra cosmética. La renovación del Supremo afecta el corazón del sistema que durante años convirtió la ley en una extensión del Ejecutivo.
El árbitro antes que la urna
Según El País, las delegaciones acordaron revertir el proceso iniciado por la Asamblea Nacional dominada por el chavismo y avanzar hacia una renovación total de los magistrados. La decisión importa porque el Tribunal Supremo no es un órgano decorativo: su composición determina la legalidad de futuras decisiones electorales, la distribución de competencias entre poderes y la eventual revisión de las sanciones o condenas dictadas durante el régimen anterior.
En una república normal, la independencia judicial precede a la confianza electoral. En Venezuela, donde las instituciones fueron subordinadas a la lógica del partido gobernante, el orden se vuelve todavía más evidente. No basta con convocar a votar si el árbitro electoral, los tribunales y los cuerpos de seguridad permanecen bajo control de una facción. Una elección administrada por instituciones capturadas no es una transición; es una ratificación cuidadosamente administrada.
El problema es que la renovación del Supremo puede producir dos resultados opuestos. En el escenario optimista, abre un espacio para jueces con legitimidad profesional, reduce la capacidad de veto del viejo aparato y permite construir garantías para la oposición. En el escenario cínico, distribuye cuotas entre élites chavistas y opositoras mientras preserva intacta la cadena de mando. La diferencia no estará en el comunicado firmado, sino en el método de selección, los nombres propuestos y la transparencia del proceso.
El oro y la política de la dependencia
El segundo punto del entendimiento es recuperar las reservas venezolanas depositadas en Londres: unas 31 toneladas de oro cuyo control permanece atrapado en una disputa judicial iniciada durante la pugna entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó. El metal, valorado en alrededor de 1.950 millones de dólares según la cobertura citada por medios europeos y latinoamericanos, es un activo decisivo para un país devastado por años de contracción económica, sanciones, corrupción y destrucción institucional.
La recuperación de esos recursos podría financiar vivienda, servicios públicos y reconstrucción tras los terremotos de junio. También podría convertirse en el botín perfecto de una transición sin controles. El oro no debe volver simplemente a las manos del Gobierno de Caracas, sea cual sea su etiqueta provisional. Necesita un mecanismo de custodia verificable, auditoría internacional y un destino presupuestario público. Si el primer símbolo de la nueva Venezuela es la opacidad sobre sus reservas, el cambio habrá sido de administradores, no de régimen.
La paradoja es incómoda para Washington. La intervención estadounidense expulsó a Maduro, pero dejó en el poder a una estructura heredada, ahora encabezada por Rodríguez, y convirtió a Estados Unidos en el árbitro indispensable de la apertura económica y política. La estrategia puede producir estabilidad a corto plazo. Sin embargo, una república que depende de la autorización extranjera para definir sus instituciones corre el riesgo de sustituir la soberanía revolucionaria por una soberanía tutelada.
La oposición ausente
Associated Press ha descrito un proceso recibido con cautela por una población que observa una situación inédita: el antiguo Gobierno fue desplazado, pero la oposición que reivindica la victoria presidencial de 2024 no dirige la transición. Las conversaciones están encabezadas por representantes del Parlamento oficialista y antiguos legisladores opositores vinculados a la Asamblea de 2015, entre ellos Dinorah Figuera.
Ese diseño tiene una ventaja y una debilidad. La ventaja es que incorpora a interlocutores capaces de negociar con la burocracia estatal y evita, al menos inicialmente, un vacío de poder. La debilidad es que puede marginar a quienes conservan mayor respaldo popular. Una transición que excluya a Machado y a Edmundo González corre el riesgo de ser ordenada pero políticamente irrelevante. La oposición dividida tampoco puede exigir que el país espere indefinidamente una fórmula perfecta mientras los chavistas conservan el aparato administrativo y territorial.
La democracia liberal no consiste en premiar al grupo más virtuoso, sino en construir reglas que permitan alternancia incluso entre adversarios imperfectos. Por eso la pregunta decisiva no es si los negociadores se agradan, sino si aceptarán límites que también puedan perjudicarlos: libertad de prensa, retorno de exiliados, liberación de presos políticos, observación internacional, registro electoral confiable y garantías para perder una elección.
El verdadero examen
El primer acuerdo de la era post-Maduro merece atención porque desplaza la discusión desde la retórica revolucionaria hacia la arquitectura del poder. Pero todavía no autoriza triunfalismos. La experiencia latinoamericana está llena de pactos que prometieron normalidad y terminaron blindando a las élites. El chavismo puede aceptar renovar jueces para preservar el control sobre la economía y ganar legitimidad externa. Washington puede preferir una transición lenta, previsible y favorable a sus intereses petroleros antes que una competencia política desordenada.
El examen será sencillo de formular y difícil de aprobar: ¿podrán los venezolanos elegir sin que el Gobierno, la oposición organizada, los militares o Estados Unidos sepan de antemano quién debe ganar? Si la respuesta es afirmativa, el acuerdo judicial habrá sido el primer ladrillo de una república. Si es negativa, el Supremo renovado será apenas el nuevo decorado de una vieja arquitectura.
Venezuela necesita menos épica y más instituciones. Necesita jueces que no reciban instrucciones partidistas, activos públicos que no desaparezcan en cuentas privadas y elecciones cuyos resultados sean aceptados incluso por quienes las pierdan. La libertad individual no se decreta desde Washington ni se negocia en un salón del chavismo: se protege mediante reglas impersonales. Esa es la promesa pendiente. Y también la trampa que este pacto todavía no ha desactivado.
