La noticia más humana de Venezuela no cabe en una cifra, aunque haya comenzado con una: el Gobierno anunció el 14 de agosto la excarcelación de 131 presos políticos. Dos días después, el Foro Penal había podido verificar 78 salidas. La diferencia no es un detalle administrativo. Para las familias que esperan frente a una cárcel, significa no saber si la persona que aman está realmente libre, si podrá volver a casa o si apenas ha cambiado de celda por un expediente abierto.
El proceso se produjo después del primer ciclo de conversaciones entre el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez y una delegación opositora, con respaldo de Estados Unidos. El Ejecutivo afirmó que las medidas fueron acordadas por tribunales, a solicitud del Ministerio Público, después de una evaluación realizada por el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática.
Pero el dato independiente disponible al cierre de esta edición es otro: el Foro Penal informó a las 9:30 de la mañana del domingo 16 de agosto que había confirmado 78 excarcelaciones desde el 14 de agosto y que seguía revisando cada caso. La organización registraba, además, 391 presos políticos en Venezuela: 228 civiles y 163 militares. Es una fotografía incompleta, pero suficientemente clara para recordar que una liberación parcial no equivale al fin de la represión.
La diferencia entre salir de prisión y recuperar la libertad
En Venezuela, la palabra “excarcelación” requiere una explicación. Algunas personas abandonan el centro penitenciario, pero continúan sometidas a procesos penales, prohibiciones de salida del país, comparecencias periódicas ante tribunales u otras medidas cautelares. La persona duerme fuera de la cárcel, pero sigue sin disponer plenamente de su vida.
El caso de Daniel Zambrano, descrito por medios y organizaciones defensoras, ilustra esa zona gris. Tras permanecer detenido durante años, fue liberado, pero con la obligación de presentarse cada 30 días y permanecer en Venezuela. Su familia puede abrazarlo; todavía no puede decir que el Estado le haya devuelto todos sus derechos.
La distinción importa porque el Estado de derecho no se mide únicamente por cuántas puertas se abren, sino por si desaparecen los cargos arbitrarios, se reparan los daños y se garantiza que nadie vuelva a ser perseguido por sus ideas, sus vínculos familiares o su trabajo cívico. Una libertad condicionada puede ser un alivio urgente y, al mismo tiempo, una solución insuficiente.
Historias que impiden convertir la noticia en propaganda
Entre las personas excarceladas está Emirlendris Benítez, detenida en 2018 y condenada a 30 años por delitos relacionados con el llamado atentado con drones contra Nicolás Maduro. Benítez siempre negó las acusaciones. Organizaciones de derechos humanos denunciaron que fue torturada durante su detención, cuando estaba embarazada, y que perdió al bebé. También señalaron que quedó con graves secuelas físicas y salió de prisión en silla de ruedas.
Esas denuncias fueron presentadas ante organismos internacionales, entre ellos Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional. No corresponde presentar cada alegación como una sentencia definitiva, pero tampoco esconderla detrás de un comunicado oficial. La obligación de investigar no desaparece porque una víctima haya sido excarcelada. La libertad debe abrir la puerta a la verdad, no cerrarla.
También fueron liberadas personas vinculadas a procesos como la Operación Gedeón y otros expedientes de seguridad nacional. El Gobierno sostiene que los detenidos cometieron delitos graves y niega que existan presos encarcelados por razones políticas. Las organizaciones independientes, en cambio, documentan detenciones arbitrarias, falta de garantías judiciales y condenas que consideran desproporcionadas. Ambas posiciones deben ser mencionadas, pero no tienen el mismo peso probatorio en cada caso: la existencia de una acusación oficial no demuestra por sí sola la culpabilidad de una persona.
Una señal positiva que no basta
Las excarcelaciones son una buena noticia. Sería injusto negarlo. Cada reencuentro familiar tiene un valor propio y no debe ser despreciado porque el Gobierno haya anunciado una cifra mayor a la verificada. Para una madre, un hijo o una esposa, la salida de prisión no es una pieza en una negociación internacional: es el final, aunque sea provisional, de una espera que puede haber durado años.
Precisamente por eso, las liberaciones no deberían administrarse como concesiones discrecionales ni como moneda de cambio. El director del Foro Penal ha insistido en que el proceso debe continuar hasta que no quede ningún preso político tras las rejas. Esa exigencia coincide con un principio sencillo: la dignidad y la libertad no pueden depender del momento diplomático, de la presión extranjera o de la conveniencia de una mesa de diálogo.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que desde el 3 de enero habían sido liberados 1.046 venezolanos y calificó las nuevas excarcelaciones como un paso crucial hacia la reconciliación. La cifra estadounidense y la verificación del Foro Penal responden a universos que pueden no ser idénticos, pero la discrepancia subraya la necesidad de publicar listas completas, condiciones de libertad y situación procesal de cada beneficiario.
La prueba será la igualdad ante la ley
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha mantenido la atención sobre la situación venezolana, incluida la restricción del espacio cívico, la libertad de expresión y la independencia institucional. En sus audiencias regionales de agosto incorporó la situación general de los derechos humanos en Venezuela. Ese escrutinio no es una injerencia ornamental: es una garantía mínima cuando las instituciones nacionales no ofrecen información suficiente o carecen de independencia.
La pregunta decisiva para los próximos días no es cuántos presos salen en un comunicado, sino qué ocurre después. ¿Se retirarán los cargos sin fundamento? ¿Podrán las víctimas recibir atención médica y reparación? ¿Se investigarán las denuncias de tortura? ¿Habrá garantías para que familiares, abogados, periodistas y defensores de derechos humanos no sean castigados por exigir justicia?
Venezuela necesita una reconciliación, pero no una reconciliación basada en el olvido. La igualdad ante la ley exige que el poder no elija quién merece libertad según cálculos políticos. También exige que los delitos reales sean juzgados con pruebas, defensa adecuada y tribunales independientes. Sin esas condiciones, las excarcelaciones alivian el dolor de algunas familias, pero no desmontan el mecanismo que produjo el dolor.
La noticia del 16 de agosto es, por tanto, doble. Hay decenas de personas que han vuelto a abrazar a sus familias. Y hay cientos que todavía esperan. Celebrar lo primero y exigir lo segundo no es una contradicción: es la única forma responsable de mirar los derechos humanos.
