Venezuela no ha terminado de contar a las víctimas de los terremotos del 24 de junio y ya enfrenta otra emergencia. Las lluvias registradas durante la madrugada del sábado 15 de agosto provocaron inundaciones, desbordamientos y daños en Caracas y en varios estados del país. El diario El País informó este domingo que tres personas murieron en la capital tras el desbordamiento de quebradas embauladas, mientras numerosas viviendas quedaron anegadas.
La noticia más sólida, por ahora, es la existencia de una nueva emergencia hidrometeorológica. La cifra de tres fallecidos aparece en el reporte publicado por El País, pero no ha sido acompañada, al momento de esta edición, por un parte público detallado de Protección Civil que identifique a las víctimas, precise los lugares de los rescates o establezca un balance nacional consolidado. Esa ausencia no demuestra que el dato sea falso. Sí impide presentarlo como una cifra definitivamente cerrada.
Un país que todavía vive en emergencia
El episodio ocurre menos de dos meses después del doble terremoto que golpeó el centro-norte de Venezuela. La agencia Associated Press reportó entonces daños extensos, edificios colapsados y evacuaciones en Caracas, La Guaira y otras zonas. El Gobierno declaró el estado de emergencia y activó un Estado Mayor para coordinar la respuesta, según el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano.
El propio aparato estatal ha ofrecido balances cambiantes sobre aquella tragedia. Un informe difundido por Ciudad CCS el 22 de julio citó cifras oficiales de 5.398 fallecidos, 16.740 heridos y 17.907 damnificados. EFE había informado días antes de un balance oficial de 4.490 muertos. El País, al referirse este domingo a los efectos acumulados del desastre, mencionó más de 6.000 muertos y casi 20.000 desaparecidos. Son números materialmente distintos y no equivalen a una simple actualización contable: describen realidades humanitarias diferentes.
La primera obligación de cualquier autoridad en una catástrofe es rescatar y proteger. La segunda es contar. Sin un registro público, trazable y actualizado de fallecidos, desaparecidos, heridos, desplazados y viviendas destruidas, cada cifra se convierte en un acto de confianza política. Y en Venezuela la confianza institucional no puede darse por supuesta, ni a favor ni en contra del Gobierno.
La lluvia no explica todo
Las autoridades caraqueñas habían anunciado desde abril un plan preventivo para la temporada de lluvias. Según Venezolana de Televisión, el operativo contemplaba 1.200 funcionarios y trabajos de limpieza en quebradas, torrenteras y puntos críticos. Ciudad CCS informó posteriormente de un despliegue ampliado con maquinaria y equipos de respuesta.
La existencia de un plan no prueba que haya funcionado. Tampoco prueba lo contrario. Lo que sí permite preguntar es si las labores de mantenimiento alcanzaron las zonas más expuestas, si se retiraron los obstáculos de los cauces, si los sistemas de alerta operaron durante la madrugada y si las familias que seguían viviendo en carpas o refugios temporales recibieron instrucciones concretas antes de las lluvias.
El País señaló que algunas familias de Santa Rosalía, todavía instaladas en carpas provisionales después de los terremotos, perdieron sus alojamientos por el agua. Si esa información se confirma, el episodio no sería únicamente un fenómeno natural: sería también una falla de gestión del riesgo. Una población que ya perdió su vivienda no puede ser tratada como si comenzara desde cero cada vez que cambia el clima.
La emergencia y la narrativa
El Gobierno venezolano tiene incentivos para destacar el despliegue de funcionarios, la asistencia y la capacidad de respuesta. Sus críticos tienen incentivos para subrayar el abandono, la infraestructura deteriorada y la supuesta incompetencia estatal. Ninguna de esas narrativas sustituye la evidencia.
También conviene desconfiar de otra explicación automática: atribuir cada inundación a la crisis climática. El cambio climático puede aumentar ciertos riesgos y alterar los patrones de precipitación, pero no convierte por sí solo una lluvia intensa en una tragedia. Para evaluar responsabilidades hacen falta datos sobre intensidad y duración de las precipitaciones, estado de los drenajes, ocupación de zonas inundables, mantenimiento de quebradas y decisiones de reubicación después de los terremotos.
La pregunta incómoda es menos grandilocuente: ¿cuántas de las pérdidas eran evitables? Caracas tiene quebradas, torrenteras y ríos conocidos por las autoridades. La vulnerabilidad no apareció la noche del 15 de agosto. Se acumula con urbanización desordenada, infraestructura insuficiente, falta de mantenimiento y respuestas que suelen llegar después de la imagen dramática, no antes.
Lo que debería publicarse ahora
Para que el nuevo balance sea creíble, las autoridades deberían difundir una lista verificable de fallecidos, municipios afectados, viviendas dañadas, personas evacuadas y servicios interrumpidos. También deberían explicar qué refugios están operativos y cuántas familias desplazadas por los terremotos quedaron nuevamente expuestas.
Los medios, por su parte, deberían separar los hechos confirmados de las estimaciones. Las fotografías de calles anegadas prueban inundaciones en un lugar y momento determinados; no prueban por sí solas el número de muertos ni la escala nacional del desastre. Los videos virales pueden documentar daños, pero también pueden estar descontextualizados o corresponder a episodios anteriores.
Venezuela necesita ayuda, pero también necesita información confiable. La solidaridad internacional no debería depender de cifras infladas ni la rendición de cuentas de cifras minimizadas. En una emergencia, contar bien no es una disputa semántica: determina recursos, rescates, indemnizaciones y responsabilidades.
La lluvia de este fin de semana puede ser el inicio de una crisis mayor o un episodio acotado. A las 18:55 del domingo 16 de agosto de 2026, lo responsable es afirmar únicamente lo que está documentado: hubo inundaciones graves, se reportan tres muertos en Caracas y varias regiones sufrieron daños. El resto —la magnitud definitiva, la respuesta completa y el costo humano real— todavía requiere pruebas.
